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» La contaminación del Nahuel Huapi es un poroto

EL CORDIRELLANO
08.02.2017 – Publicado en Editorial

Está bien que la gente se inquiete por el avance de las mega-mineras y sus consecuencias desastrosas, por los daños igualmente condenables de la fractura hidráulica y por los destrozos que generan el monocultivo de la soja o los forestales. Pero la catástrofe ambiental más severa de la Argentina es más antigua que todos los flagelos que enumeramos y se concentra en 64 kilómetros donde viven nada menos que 8 millones de argentinos y argentinas.

Según las autoridades, se invirtieron más de 5.200 millones de dólares en revertir la contaminación, sin resultado alguno más que un leve maquillaje en la zona donde afluye turismo. Nos referimos al Riachuelo, claro está, uno de las cloacas a cielo abierto más extensas y peligrosas del planeta, frente a la cual la situación del lago Nahuel Huapi pareciera una nimiedad.
La cifra es la que dio a conocer el gobierno a fines de 2016, durante una audiencia que tuvo lugar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es la que se erogó desde 2008 para recuperar el curso de agua (¿?) que bordea el área metropolitana por el sur y que a escala global, es uno de los peores ejemplos de contaminación industrial. Si bien la gestión de ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza – Riachuelo) siempre fue al menos cuestionable, llamó la atención que su titular ni siquiera se dignara a asistir a la cita con el máximo tribunal de la Argentina. Después renunció.

El texto que la entidad presentó a fines de noviembre último, señala que “el Riachuelo sigue cumpliendo la misma función de desagote de las actividades económicas y humanas de la Ciudad de Buenos Aires y gran parte del Conurbano, como en los últimos 200 años”. El lapso temporal al que hace referencia es un tanto falaz, porque en 1816 lejos estaba la contaminación que podía generar Buenos Aires, de alcanzar las dimensiones de la actualidad.

El documento sostiene que “no sólo está altamente contaminado, sino que se lo sigue contaminando”. Efectivamente, por año, van a parar a ese cuerpo líquido, viscoso y maloliente 90 mil toneladas de metales pesados y otras sustancias perjudiciales. Recordemos que el Matanza nace en la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, recorre 14 municipios y marca el límite entre la Capital Federal y su conurbano por el lado sur.

La afectación de sus aguas comenzó en la época colonial, cuando recibían los desechos de la actividad de los saladeros, donde se procesaban carnes de diversa procedencia. También se asentaron a sus orillas las primeras curtiembres. Si bien en aquellas épocas la contaminación resultaba una liviandad si se la compara con la magnitud actual, desde entonces se erigió en costumbre desechar en el río.

El asunto se agravó notablemente con la llegada de la industrialización, cuando se instalaron petroquímicas y frigoríficos. En los últimos 30 años, abundaron las promesas de limpieza pero la más tristemente célebre y recordada fue la que tuvo como protagonista a María Julia Alsogaray, quien fuera secretaria de Ambiente durante la presidencia de Carlos Menem. La ex funcionaria prometió que sanearía el Riachuelo en 1.000 días y su jefe, dijo que nadaría en sus aguas…

El curso de la historia amagó cambiar en 2008, cuando la Corte Suprema ordenó a las autoridades nacionales de entonces segundo gobierno K que sanearan la cuenca en cuestión. La medida también implicaba a las jurisdicciones provincial y de la CABA. Su omisión es una flagrante violación a la Constitución Nacional, que garantiza a todos los argentinos y argentinas vivir “en un ambiente sano”.

Entre otras disposiciones, la Corte dispuso el traslado de miles de las familias que se declararon en emergencia ambiental y sanitaria. Pero de las 17.771 viviendas que se prometieron en su oportunidad, sólo se concluyeron 3.147. En ocasión de la audiencia del año pasado, la actual gestión deslindó responsabilidades en la anterior, pero durante 2016 tampoco se avanzó nada.

El ministro Sergio Bergman apuntó entonces que “el estado que encontramos fue desolador. No solamente porque el Riachuelo estaba degradado y contaminado igual o peor que en la época de la sentencia, sino que también la herramienta para sanearlo, la ACUMAR, no estaba en condiciones de poder cumplir la orden judicial”. Pero soslayó que como gobierno en la Ciudad de Buenos Aires desde hace una década, la alianza Cambiemos también tiene responsabilidades.

Desde la Asociación de Vecinos La Boca, se objetó que los gobiernos no tienen la vocación política de atacar la contaminación del agua, el suelo y el aire, porque para hacerlo deberían tocar los intereses de las industrias. Éstas deberían invertir para reconvertir sus sistemas de producción hacia metodologías limpias. En esa zona de Buenos Aires, el apocalipsis llegó hace rato y ni con rezar alcanza.


13.02.17

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