Lo que siguieron fueron diez minutos en los que Lorenzetti dijo que ninguna de las metas impuestas en la sentencia se había cumplido, puntualizó que “hasta ahora (ACUMAR) estuvo siempre recalculando y cada funcionario nuevo —desde 2015 se cambió cuatro veces al presidente del organismo— parecía pretender que lo hecho en forma anterior no existía” y recordó que el saneamiento del Riachuelo es una obligación legal. Fueron diez minutos en los que repitió ocho veces la palabra cuándo hasta lograr esta contestación:

-No puedo darle una fecha con exactitud.

No fue el único juez que mostró su incomodidad. Horacio Rosatti estuvo entre los más críticos: “En el cumplimiento de una sentencia que lleva diez años, es relevante que ustedes (por ACUMAR) tomen razón de que están cada vez más lejos del cumplimiento del fallo”, dijo. Y, al comparar indicadores de 2010 con los actuales, diagnosticó que hay más retrasos y que ese problema se reproduce en todos los puntos: erradicación de basurales, respuestas habitacionales, saneamiento ambiental, etc. “¿Son conscientes de que, además del retraso histórico, están yendo más lento de lo que la realidad les demanda?”, remató.

Minutos más tarde, la mayor crispación volvería a Lorenzetti, ante el director Nacional de Vivienda Social, Ramiro Masjuan. Al también pedirle mayor precisión sobre cuántas viviendas serán entregadas y en qué plazo, y frente a que el funcionario empezó a hacer cuentas en el momento, parado detrás del atril, le consultó: “¿Es una estimación que acaba de hacer o está firmado? ¿No le parece demasiado precario lo que está diciendo?”.

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También estuvieron presentes en la audiencia los ministros Carlos Rosenkranz, Elena Highton y Juan Carlos Maqueda. En el caso de la jueza, la mayor preocupación se centró en el seguimiento que se le está dando a los chicos que viven en la cuenca; contaminados con plomo, con erupciones, con asma, sarna, anemia, rodeados de basura y ratas, impedidos de crecer. Como al resto de los jueces, las respuestas no la tranquilizaron. Por último, Maqueda tampoco fue la excepción: su impaciencia giró en que, a meses de cumplirse diez años del fallo, un representante de AySA le informara que la construcción de una planta de tratamiento de agua en Berazategui no está incluida en el plan de saneamiento. “¿Cómo me va a decir eso? ¿Yo mismo en otras audiencias he consultado sobre esto?” “Sus antecesores jamás expusieron lo que usted dice”, repitió atónito.

A las exposiciones las completaron el Cuerpo Colegiado, un ente civil que controla el avance del plan, y la Auditoria General de la Nación. “La inoperancia de ACUMAR agrava los daños a la salud pública”, puntualizó el abogado y diplomático Raúl Estrada Oyuela en representación del Cuerpo. Del lado de la Auditoria tampoco hubo elogios y se habló de una subejecución del orden del 41% en 2016. Subejecutar significa redireccionar y quitar recursos que habían sido adjudicados a un fin a otro. La acción podría pasar inadvertida, pero en el Riachuelo es obvia, como la contaminación.