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» Audiencia Pública del 04.07.2007


*PRESENTACIÓN DE ASOCIACIÓN DE VECINOS LA BOCA
PRESIDENTE: ALFREDO ALBERTI*
Audiencia Pública del 4 de julio 2007 ante la CSJN

Señor Presidente, Señores Ministros

Vengo de la zona de desastre para pedir al mayor tribunal de la República la
urgente aplicación de medidas cautelares que detengan el daño que se está
causando a nuestra salud e impidan las acciones que están reduciendo
nuestra expectativa de vida por promover intereses desaprensivos.
Reiteradamente la cuenca Matanza Riachuelo ha sido declarada en
emergencia, pero todo sigue igual, o mejor dicho todo sigue peor, porque la
emergencia no es tenida en cuenta ni siquiera por los funcionarios que la
declaran.
El dictamen que ha producido la Universidad de Buenos Aires afirma que la
Cuenca Matanza Riachuelo se ha con vertido en una “zona de desastre por
definición”. La universidad nos dice que existe una “perturbación ecológica
abrumadora que acaece a escala suficiente para que se necesite auxilio
externo”. Ese auxilio no ha llegado y por eso venimos a pedir que sea
ordenado imperativamente.
El desastre no se ha producido por causas naturales. No hubo terremotos ni
tsunamis. Convalidando lo que todos sabemos, la UBA certifica que es un
“desastre artificial” producido por el hombre. Esas acciones humanas, en
muchos sentidos tienen una raíz de codicia maliciosa que agrava las
2
responsabilidades de los particulares y de las autoridades que no han actuado
en defensa del bien común.
Es malicioso contaminar el agua con metales y productos químicos en
efluentes líquidos que no han sido tratados. También es malicioso liberar
vapores tóxicos con partículas y compuestos químicos que penetran en
nuestras vías respiratorias, se acumulan en los ojos y la piel y se depositan
en el suelo. Esos vapores contienen además contaminantes orgánicos
persistentes, que se acumulan en los organismos vivos y se transmiten a
través de la cadena alimentaria.
Esas acciones son maliciosas porque sus causantes conocen las
consecuencias perjudiciales de sus actos y el lucro hace que continúen con
sus prácticas, reducen de forma perversa los costos de su operación y
transfieren a nuestra salud el costo de la limpieza y purificación que no
quieren pagar. La teoría económica denomina “externalidades negativas” a
estas emisiones de gases y líquidos que dañan bienes comunes como las
aguas y la atmósfera.
Este proceso de deterioro ambiental acentúa las desigualdades porque cae
con mayor peso sobre quienes tienen menos recursos para protegerse. Este
pasivo no aparece en los balances de las empresas y la externalidad negativa
resulta en los hechos un beneficio económico neto para el contaminante.
Puede este tribunal tener la certeza que el daño en la salud que se nos
infringe tiene como origen el propósito de lucro de las plantas que lanzan
3
desaprensivamente al agua y al aire líquidos y gases cargados de
contaminantes.
De la misma forma la increíble descarga de líquidos cloacales crudos en las
aguas de la Cuenca y del propio Río de la Plata, sólo tiene como explicación
la ambición de eludir el costo del tratamiento que debe darse a esos residuos.
Esto viene de siempre, pero los aranceles y las tarifas que cobró por más de
una década Aguas Argentina implicaban el compromiso contractual de
construir y operar instalaciones para procesar esos líquidos. Esa obligación
no se cumplió, pero tampoco se advierten acciones de la actual empresa
AySA ni de ente gubernamental alguno, para resolver este problema que nos
envenena a todos. Si hay una emergencia, las autoridades de la jurisdicción
no pueden responder con excusas sobre la división de tareas o rituales
accesorios.
El caudal mínimo del Matanza Riachuelo en días de lluvia es de menos de 3
metros cúbicos por segundo1, lo que equivale a aproximadamente a 260.000
metros cúbicos por día. Empero con lluvias o en sequía, cualquiera sea su
caudal, recibe diariamente 368.0002 metros cúbicos de vuelcos cloacales
solamente y sólo el 5 por ciento de ese total ha sido tratado previamente. Las
aguas servidas son una vez y media del caudal del río.
A ello deben sumarse los efluentes líquidos de industrias químicas,
petroquímicas y las aguas que descargan los frigoríficos.
1 Plan Integral de la Cuenca Matanza Riachuelo, Escenario Actual, Pág.10
2 Demanda de las ONG, Pág.35, línea 3
4
Estos contaminantes de origen biológico y químico consumen
completamente el oxígeno que debería existir disuelto en el agua y es por
ello que no hay vida en el Riachuelo.
Todos sabemos que el Río está contaminado. Medir cuán contaminado está,
no nos agrega elementos relevantes en este momento para remediar la
situación. Lo que necesitamos saber de inmediato es qué se está descargando
hoy al río y quiénes lo están descargando. No basta con alegar que cada
planta descarga efluentes cuya contaminación se encuentra a nivel o por
debajo de un estándar establecido hace mucho tiempo o para otro órgano
receptor en otro lugar del planeta. La literatura especializada indica
claramente que lo importante es la masa total que se descarga. Una planta
podrá alegar individualmente que cumple alguna o todas las
reglamentaciones. Lo importante es que el conjunto de las plantas
industriales ubicadas en la cuenca descarga una masa de contaminantes que
el cuerpo receptor no puede recibir. La consecuencia de ese exceso es el
desastre que nos señala la Universidad de Buenos Aires.
La omisión por parte de las autoridades demandadas, de los actos que debían
realizar para impedir esta situación, no puede juzgarse con benevolencia ni
diluirse en excusas sobre la superposición de jurisdicciones. Se ha omitido
inventariar la masa total que la Cuenca Matanza Riachuelo recibe cada día
en sus actuales desastrosas condiciones. Entre tanto no se nos puede
entretener explicando que una planta descargó por encima de cierto estándar
y que otra se mantuvo en el límite. La obligación que las autoridades no han
cumplido ni cumplen, es proteger el cauce natural de agua que es un bien
público según el artículo 2340 del Código Civil, y la sanidad y equilibrio del
5
ambiente según ordena el artículo 41 de la Constitución Nacional. Si en esas
omisiones no hubiera habido malicia, por lo menos hubo culpas gravísimas
que han causado daño, originan enfermedades y han acortado la expectativa
de vida de los habitantes de la Cuenca.
El informe de la UBA lamenta la ausencia de información básica en el Plan
sometido por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable para
analizar la situación de la salud, identificar los problemas prioritarios, definir
y evaluar los objetivos de las intervenciones a realizar.
El Informe Especial producido por el Defensor del Pueblo hace cuatro años,
indica que no existen estudios epidemiológicos realizados sobre la población
de la cuenca y que no hay datos confiables y comparables3. Esta situación
subsiste hoy. Se desoyó al Defensor cuando dijo que es imprescindible
activar los mecanismos que permitan diagnosticar y relacionar certeramente
las enfermedades con sus causas y determinar los contaminantes y sus
fuentes4. ¿Qué se ha hecho en estos cuatro años y qué se ha hecho en esta
materia desde la entrada en vigor de la Ley Nacional Número 26168 llamada
“Ley de la Cuenca Matanza Riachuelo”?.
Por todo ello solicito que, como medida cautelar, este tribunal ordene la
realización de un estudio que permita elaborar el Perfil Epidemiológico de la
zona que, en opinión de la Universidad, es condición necesaria para
identificar las patologías producidas por el impacto ambiental de los
3 Informe Especial, IV.1.2
4 Idem, VIII, in fine
6
contaminantes, y a partir de allí iniciar un programa sustantivo de atención
de la salud.
Además la Universidad señala que del material que analizó no se puede
inferir la existencia de un plan sanitario para la asistencia inmediata de la
población. ¿No es esta una prioridad para las autoridades? Esta Suprema
Corte de Justicia podría ordenar como medida cautelar la inmediata atención
médica primaria a la población de la cuenca.
En su presentación de septiembre de 2006 la Secretaria de Ambiente sostuvo
que el primer programa estaría destinado a aumentar el acceso al agua
potable de la población de la cuenca, buscando mejorar sus condiciones de
vida y con ello su salud. El informe de progreso presentado en febrero
último indicó que en Villa Inflamable se estableció un sistema de
distribución de agua segura en bidones que si hacemos las cuentas
considerando cantidad de litros por persona y lo comparamos con los más de
400 litros de consumo diario por persona en la ciudad de Bs. As., esta
prevención no nos cierra.
Hay un claro desconcepto sobre la entidad y la magnitud de la necesidad de
hacer que el “agua segura” sea accesible a la población, y sea realmente una
barrera a la vulnerabilidad ambiental.
Uno de los pocos estudios disponibles en materia de salud fue realizado por
la Municipalidad de Avellaneda con el apoyo de la Agencia Japonesa de
Cooperación Internacional, JICA5. Allí se registra que el nivel de plomo en
sangre de los niños de entre 7 y 11 años de Villa Inflamable, excede en un
5 Informe Especial, IV.4.2
7
50 por ciento los niveles aceptables. El plomo no es sólo un veneno: uno de
sus efectos más ominosos es provocar déficit intelectual en los niños. Esta
contaminación no sólo enferma y mata, sino que además deja
intelectualmente disminuidos a los que sobreviven, condenándolos a la
pobreza y alejando definitivamente sus chances de progreso y pleno
desarrollo.
En el informe de avance presentado en febrero se lee una frase que no puede
ser más alarmante y cito: “La naturalización que el problema ambiental
sufrió a lo largo de los años, alcanza también a las lógicas de trabajo de los
equipos de salud”.
Esto quiere decir que la contaminación que sufrimos en la Cuenca del
Matanza Riachuelo es vista por los extraños como algo “natural”. Es como
si la sociedad que nos rodea aceptara con naturalidad la contaminación que
nos agobia a los vecinos de la cuenca, porque pareciera no alcanza ni altera
a los que están más allá. Esta naturalización de la que pueden participar
muchos, es inhumana. Viola la igualdad que la Constitución Nacional
garantiza a todos. Cuando la contaminación llegue a las torres de Puerto
Madero, lo sentirá el mercado inmobiliario y la reacción será diferente. Aun
antes, ciertas crisis puntuales pueden extender el impacto.
La Secretaría de Ambiente tiene un Sistema de Indicadores de Desarrollo
Sostenible para la Argentina (SIDSA) que exhibe en su página web. Son
indicadores a nivel nacional que cubren una amplia gama de elementos de
interés, pero no hay una reducción de esos indicadores a la escala de la
Cuenca que permita seguir la evolución del área de desastre. Esto es
8
principal para el seguimiento de cualquier plan de que se proponga, pero se
ha omitido. Resultaría conveniente que esta Corte decidiera ordenar como
medida cautelar la elaboración de indicadores adaptando a ese fin la escala y
el objetivo del SIDSA,
Con todo lo que debe hacerse nos alarma que a más de seis meses de
aprobada la Ley 26168, no se haya constituido ni la Autoridad compuesta
por ocho miembros, ni el Consejo Municipal que debe estar integrado por un
representante de cada uno de los municipios comprendidos, ni la Comisión
de Participación Social. Es un caso realmente singular, por el momento sólo
funciona la Presidencia de un órgano colegiado que no se ha constituido.
Hace unos minutos, en esta sala nos enteramos que por decreto firmado
anoche y aún no publicado, se integró la autoridad.
La sociedad civil ha sido sistemáticamente ignorada. La ley limita su
participación a funciones consultivas que no han sido definidas, ni
especificadas ni reguladas. Aun esa limitada función consultiva se ha
cercenado en los hechos porque la sociedad civil se entera por los diarios, las
radios y la televisión de las medidas que se anuncian, pero desconoce la
información sobre las razones que fundamentan las medidas, la duración, el
desenlace de las clausuras transitorias, los casos y las condiciones en que
esas clausuras pueden haber concluido.
La ACUMAR debe proporcionar un acceso efectivo a su gestión, con una
transparente metodología de participación y apertura que asegure el
cumplimiento de sus objetivos, el control y auditoria de sus procedimientos,
9
para fortalecer el compromiso con el cuidado y recomposición ambiental
de la Cuenca.
A la sociedad civil también le interesa tener una explicación clara sobre la
inversión de los recursos asignados para el “Programa Integral Cuenca
Matanza-Riachuelo”, ya que en las informaciones públicas de la Secretaría
de Hacienda aparecen fondos asignados a la Secretaría de Ambiente
Nacional, pero también hay partidas en el Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios. De cualquier forma el grado de
ejecución del presupuesto asignado a la Secretaría de Ambiente Nacional es
notablemente bajo y ello podría indicar lentitud en la ejecución del
programa.
Antes de concluir quiero agradecer una vez más la atención que este tribunal
otorga a la contaminación de la cuenca Matanza Riachuelo. Sus decisiones
van abriendo un camino que no existía. Cada auto, cada gesto de esta Corte
Suprema de Justicia, es observado con interés por todo el país y provoca
consecuencias en la administración.
La resolución del 12 de junio último citando a esta audiencia no es ajena a la
actividad desplegada por la Secretaría de Ambiente a partir de esa fecha. Un
diario del sábado último dice que las clausuras temporarias de empresas han
sido 99, claro que no especifica las fechas, cuales se mantienen y cuales
terminaron, ni explica las razones por las que se demoró hasta hace poco la
clausura transitoria de una planta cuyas irregularidades estaban demostradas
en el 2003.
10
En particular no debe confundirnos el contrato para el exterminio de
roedores y la remoción de basurales en riberas de provincia de Buenos Aires,
anunciado con mucha publicidad el jueves último. Está bien exterminar las
ratas y remover los basurales. Pero si esa acción no está respaldada, por lo
menos, con la urbanización de los asentamientos precarios que se encuentran
detrás de esas barrancas, la eliminación de las descargas clandestinas de
residuos sólidos municipales, establecimiento de sistemas de recolección de
residuos, creación de condiciones sanitarias adecuadas y suministro de agua
segura a las poblaciones de esos asentamientos. Si esas medidas no se
adoptan en poco tiempo regresarán los roedores y los basurales.
Señor Presidente, Señores Ministros de la Corte
Mucho agradezco esta audiencia que se me ha otorgado y ruego que se
adopten de inmediato las medidas precautorias que he solicitado y que son
a) La realización de un estudio que permita definir el perfil
epidemiológico de la zona de desastre;
b) La inmediata implementación de un plan de atención sanitaria
primaria y activa en la zona de desastre;
c) La elaboración de indicadores de desarrollo sostenible, en el marco
del SIDSA
Proveer como he pedido
SERA JUSTICIA


8.05.09

CSJN -

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