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» Le exigen a Provincia y Ciudad que financien el saneamiento



POR PABLO NOVILLO
12.10.12

Lo hizo ayer la Corte Suprema. Ambos gobiernos deben poner plata para que funcione la Autoridad de Cuenca. El organismo, que depende de la Nación, también fue cuestionado por el máximo tribunal.

La audiencia convocada por la Corte Suprema para evaluar el avance del plan de saneamiento del Riachuelo terminó con tirones de orejas para varios. Por un lado, el máximo tribunal le exigió a los Gobiernos de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad que cumplan con el mandato judicial e inviertan todo el dinero que les corresponde para que funcione la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR). Pero también le cuestionó a este organismo la falta de estadísticas fiables, las demoras en la erradicación de basurales clandestinos y otros temas.

El encuentro fue convocado en el marco de la causa “Mendoza”, por la cual en 2008 la Corte falló que la Nación, la Provincia y la Ciudad lleven adelante un plan para recuperar la cuenca del río más contaminado del país, zona en la que viven unos 7 millones de personas. Desde entonces realizó varias audiencias para evaluar el seguimiento del programa. En la de ayer participaron los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Carmen Argibay y Raúl Zaffaroni. El único ausente fue Enrique Petracchi, “por problemas de agenda”, según informaron en el tribunal.

Uno de los principales temas fue el riesgo de que ACUMAR se quede sin fondos para seguir funcionando este año. El organismo debe recibir por año $ 320 millones de la Nación, $ 160 de Provincia y otros $ 160 de Ciudad. Pero Juan José Mussi, titular de ACUMAR y secretario nacional de Ambiente, informó que la Provincia no aportó su parte, y que la Ciudad sólo giró $ 25 millones.

Cuando llegó el turno para que expusiera José Luis Enríquez, representante del Gobierno bonaerense (es el jefe de asesores de la ministra Gobierno, Cristina Alvarez Rodríguez), los jueces le preguntaron por el dinero. “Admito que no aportamos los $ 160 millones, pero sí invertimos $ 1.661 millones en obras”, aseguró. La Provincia también recordó los problemas que tuvo para pagar los aguinaldos. “*¿Pero van a aportar los fondos o no?* Es una obligación legal”, advirtió Lorenzetti, presidente del tribunal. “La semana que viene presentaremos un informe”, explicaron los funcionarios bonaerenses.

Una situación similar le tocó a la Ciudad. El procurador porteño, Julio Conte Grand, también reconoció que no habían depositado todo el dinero. “Entendemos que deben valorarse los aportes que hicimos en obras, y también que ACUMAR puede financiarse con otras fuentes. Pero sí estamos reflexionando sobre el tema para modificar en el Presupuesto 2013 la partida para ACUMAR”, aseguró el funcionario de la Ciudad. Lorenzetti respondió: “Ustedes pueden reflexionar, pero hubo un compromiso de poner los fondos, es una obligación Me gustaría que la Ciudad explique qué hará, de lo contrario la ACUMAR no puede funcionar”.

Previamente también hubo críticas para el funcionamiento del ente. Lorenzetti reprochó que desde la primera audiencia las cifras de cantidad de empresas contaminantes instaladas en la cuenca (que deben ser reconvertidas) siempre cambió, que los números nunca coincidieron. Además, el presidente de la Corte Suprema consideró que el plan viene “muy retrasado” en cuanto a la erradicación de basurales, ya que aún queda un 32% de los 360 detectados.

Mussi también se había quejado de que la jurisdicción de la ACUMAR era demasiado amplia, y que así terminaban asistiendo para la reconversión a empresas que no vuelcan sus desechos en el Riachuelo sino en otros cursos de agua. “La jurisdicción la debe resolver la propia ACUMAR, y si no tiene que hacer un planteo judicial específico”, señaló Lorenzetti.

Otro cruce se dio por el acceso a los créditos internacionales para financiar obras. Mussi comentó que se producen retrasos por los múltiples pasos burocráticos que exigen los organismos que prestan el dinero. “Es la manera de hacerlo, no hay otra ”, le contestó el presidente del tribunal.

La audiencia pasó a un cuarto intermedio hasta el miércoles. Entonces deberán exponer AySA, la CEAMSE y los intendentes de Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, La Matanza, Lanús y Lomas de Zamora. También la Auditoría General de la Nación. Por este organismo estuvo ayer presente su titular, Leandro Despouy, en medio de la disputa por su permanencia en el cargo.


14.10.12

Notas Periodísticas -

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