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» El pueblo no tiene quien lo defienda



Por Gustavo Maurino
21.02.2014

La constitución que nos rige fue sancionada en 1994. Entre quienes la redactaron en nuestro nombre se incluyen nuestra presidenta, cuatro ex presidentes de la democracia, dos jueces de la Corte Suprema, un gobernador, varios ex gobernadores y líderes parlamentarios y políticos nacionales y provinciales de la actualidad. Es la Constitución de la generación política actual.

Y es una buena Constitución. Contiene principios y compromisos que garantizan dignidad, igualdad, libertad y solidaridad, promete un gobierno abierto y plural, así como la supremacía de las leyes del país por sobre la voluntad de cualquier persona.

Pero las constituciones no son sólo un texto. Su sentido se completa con las prácticas institucionales que le dan forma y realizan —o postergan y traicionan la realización de— las promesas de dicho texto.

En mayo próximo se cumplirán 20 años de nuestro acuerdo constitucional. Será tiempo propicio para evaluar sus avances y cuentas pendientes; el grado de realización de las promesas que nuestros funcionarios juran cumplir y defender con lealtad y patriotismo.

Una de ellas, acaso la más importante, fue que nunca más nuestros derechos fundamentales quedarían desprotegidos, a merced del capricho o de la fuerza de los poderosos.

Para eso, la Constitución incluyó la más amplia protección de derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, tanto individuales como grupales, del continente. La garantía no era sólo formal, fue acompañada con la consagración de canales de defensa judicial efectiva, disponibles para las personas y las ONG, y el amparo en el acceso a tribunales internacionales para el caso de que la Justicia del país no lograra proteger los derechos.

Y sin duda alguna la protección más importante fue la creación de una institución —el defensor del pueblo— específicamente diseñada para defender los derechos del pueblo frente al gobierno y a los poderes privados que los vulneren. Esa institución tiene garantizada autonomía absoluta, está exenta de recibir órdenes de cualquier poder y su titular tiene la misma inmunidad que un miembro del Congreso. Dada su trascendencia constitucional, el defensor del pueblo debe ser elegido por el Congreso, mediante el acuerdo de los 2/3 de cada cámara.

En los últimos 20 años, la Defensoría del Pueblo ha intervenido en diversos asuntos en relación con el derecho a la salud, la denuncia de las pésimas condiciones de los servicios públicos —primordialmente el transporte—, los derechos de las comunidades indígenas, el saneamiento del Riachuelo y la protección de las comunidades que sufren su contaminación, etc.

Muchas veces su acción ha sido atenuada por limitaciones propias, la falta de apoyo del Congreso y la falta de toda consideración por parte del Gobierno. Muchas tragedias podrían haberse evitado, muchos derechos podrían protegerse si el defensor del pueblo pudiera cumplir su rol constitucional adecuadamente.

Desgraciadamente, 2014 comienza con una escandalosa situación. Desde hace más de cuatro años, la Defensoría no tiene un defensor titular a cargo; pero el colapso llegó al extremo de que en diciembre pasado han concluido también los mandatos de los defensores suplentes.

La institución a la que la Constitución encomienda defender nuestros derechos está acéfala; olvidada, como lo están algunas otras partes de ella, olvidada incluso por quienes la redactaron.

Veinte años no es nada, como dice el tango. Pero sólo para algunas cosas; para otras, cuatro años es una vergüenza.
© LA NACION.

NOTA DE ASOCIACIÓN DE VECINOS LA BOCA

Este reclamo debe ser tomado fundamentalmente por la Comisión Bicameral pertinente del Congreso de la Nación, quien debería poner en movimiento el importante proceso de designación, bajo apercibimiento de las acciones que correspondan por incumplimiento de los deberes de funcionario público y por el perjuicio que se causa a la sociedad al neutralizar un mecanismo creado por la Constitución para defender al pueblo de la Nación.

Una institución tan importante para los ciudadanos como Defensoría del Pueblo de la Nación ( DPN ) desde el año 2009 está inexplicablemente acéfala. Su Titular Eduardo Mondino culminó su mandato en 2009 , lo sucedió provisoriamente su Adjunto Dr. Anselmo Sella que culminó el suyo el 10 / 12 / 2013. Actualmente se encuentra a cargo de la misma su Secretario General.

Una de las tantas e importantes funciones de esta Institución es coordinar el Cuerpo Colegiado estatuido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la causa Matanza Riachuelo.

Fue Asociación de Vecinos La Boca ( AVLB ) hoy miembro del citado Cuerpo Colegiado, la ONG que en el 2002 denunció ante la DPN la degradante situación de la Cuenca Matanza Riachuelo dando luego origen a todo lo positivo que institucionalmente sobrevino en cuanto a tratativas, determinaciones y actuaciones para su limpieza y saneamiento.

Es así que hoy percibimos esta ausencia de autoridad en DPN como muy significativa y notable, nos sentimos muy debilitados en nuestro accionar, y esto puede en el tiempo trasuntar en ineficiencia en nuestro proceder, implicando lamentablemente de así ocurrir un debilitamiento en el control social que tenemos asumido respecto la búsqueda de objetivos que en esta materia están señalados en la manda del emblemático fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 8 de julio de 2008.

Denunciamos y solicitamos en consecuencia, arbitrar todos los medios para que en el menor lapso posible el Congreso Nacional disponga todos sus esfuerzos en la designación de un nuevo titular al frente de tan importante Institución de la democracia.

Saludamos a los máximos responsables en esta materia con nuestro mayor respeto.

Asociación de Vecinos La Boca
Alfredo Alberti
Presidente


25.02.14

Notas Periodísticas -

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