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» Riachuelo: corrupción, contaminación y un cambio que no llega



La Plata – 05.12.2016

La Auditoría General de la Nación detectó licitaciones direccionadas, millonarios sobreprecios y desvío de fondos realizados por el ente encargado de sanear el río. Las nuevas autoridades, que deben cumplir con un fallo de la Corte, se excusan en “la herencia recibida” que alcanza a Mauricio Macri


El saneamiento del Riachuelo naufraga entre la desidia, la parálisis ejecutiva y la corrupción enquistada en la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar).

Así lo comprueban sendos informes de la Auditoría General de la Nación (AGN), ratificados días atrás en la audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), al filo del primer año de gestión de Mauricio Macri: el órgano tripartito compuesto por la Nación, la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia, que debería bregar por la limpieza del río y la buena salud de las 17.771 familias que habitan una de las zonas más contaminadas del planeta, desembolsó 5.200 millones de dólares, pero solo cumplió con el 20% de la limpieza dictada por el Máximo Tribunal en un histórico fallo de 2008; subejecutó partidas en más de un 57% y pagó sobreprecios de hasta el 100%.

Ante la Corte, las nuevas autoridades, entre las que no estuvo el máximo responsable de la Acumar por el Ejecutivo nacional, Julio Torti, quien atraviesa un proceso de desgaste y cuya renuncia sería inminente (ver aparte), titubearon cuando se les requirieron avances en el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) que hace ocho años la CSJN ordenó poner en marcha para “mejorar la calidad de vida de los habitantes (muchos de ellos niños afectados por el alto nivel de plomo en sangre); recomponer el ambiente de la Cuenca; y prevenir daños futuros”. En cambio, ante cada cuestionamiento aparece una respuesta como salvavidas: “La herencia recibida”.

El Gobierno, como juez y parte

Excusarse en la acusación contemplativa hacia “la herencia” mientras el Riachuelo corre mugroso y amenazante es continuar atentando contra la salud de los contaminados que desde hace una década, cuando demandaron a la Nación, la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires en la denominada “causa Mendoza”, esperan ser relocalizados. Es, a su vez, no reconocerse como parte del problema, que incluyó a Cristina Kirchner, a decenas de funcionarios como Romina Picolotti y Juan José Mussi, en tanto secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, cargo hoy ocupado por el rabino Sergio Bergman, también en la mira (ver aparte), procesados por el uso irregular de los fondos; pero también a la administración del gobierno porteño, que hasta el 9 de diciembre pasado encabezó Macri.

De aquellos años en los que el hoy Presidente era jefe de la Ciudad de Buenos Aires, la AGN detectó, entre centenares de irregularidades, millonarias subejecuciones de las partidas correspondientes al Servicio Administrativo Financiero (SAF) de la Acumar: por ejemplo, de los $1.492 millones presupuestados entre 2011 y 2015, solo se implementaron poco más de $650 millones, es decir, apenas el 43% del total.

Ese desvío, dedujo la AGN, impidió realizar “avances sustantivos” en materia medioambiental, pese a que se gastaron casi $4.000 millones en cuatro años; cumplir con el Plan Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios, y, en cambio, solo se concluyó el 14% de las soluciones habitacionales.

Tal fue la desidia en torno a las aguas del Riachuelo que las familias habitantes de los asentamientos “en riesgo sanitario” por el alto grado de contaminación tuvieron que recurrir a la Justicia para ser priorizadas en la relocalización y, aún así, la Acumar no realizó inspecciones de obra para certificar la calidad y seguridad de las viviendas entregadas, como tampoco hizo lugar a los requerimientos de la Corte, al no implementar el Plan de Ordenamiento Ambiental del Territorio, para el que se recibieron los mayores pagos.

Esto afectó negativamente a los habitantes de la cuenca, ya que las viviendas precarias y los predios contaminados se fueron degradando con el tiempo, y las demoras en las relocalizaciones obligaron a sucesivas redeterminaciones de precios, producto de la inflación, un flagelo que, al igual que la contaminación en el Riachuelo, el Gobierno actual todavía no resuelve.

La problemática en cifras

- US$ 5.200 millones se invirtieron hasta el momento en la limpieza del río, sin obtenerse mejoras sustanciales.

- $840 millones habría desviado la Acumar entre 2011 y 2015.

- 17.711 son las familias que habitan en las márgenes del Riachuelo y esperan ser relocalizadas, según ordenó en 2008 un histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Las renuncias que se esperan

Mañana, el Consejo Directivo de la Acumar se reunirá de “urgencia”, no para licitar, sino para acelerar renuncias en gran parte del directorio. Es un secreto a voces que irán por el presidente ejecutivo, Julio Torti, que prefirió ausentarse de la convocatoria. Los dardos también apuntarán contra el secretario de Obras Públicas, Daniel Chain, y el secretario de Medio Ambiente, el rabino Sergio Bergman, cuya cartera destina el 80% del presupuesto al Riachuelo, sin que mejore. Su candidatura a diputado en 2017 sería la salida más elegante para abandonar un ente que sigue a la deriva.

La excepción como regla

Como antes, los funcionarios actuales bucean en excusas para no hablar, por ejemplo, de los casi $77 millones adjudicados con carácter de “urgencia” a la firma Emiser SA para la inconclusa “limpieza y mantenimiento” del Riachuelo.

Las excepciones han sido la regla en las contrataciones impulsadas por la Acumar: para los pagos por legítimo abono; la convalidación de gastos sin el debido control, o los fondos destinados al estand que el organismo tuvo en Tecnópolis entre el 6 y 8 de diciembre de 2013, razón por la que terminó procesado Mussi.

En ese escenario laxo, la AGN también detectó sobreprecios superiores al 100%. Es el caso de los fondos destinados a la reparación de vehículos pertenecientes a la flota de la Acumar: frente a un presupuesto oficial de $590.000, se terminaron pagando $1.200.948. La conclusión de la AGN fue demoledora: “Que el ente se desentienda del control del gasto y del destino de sus ingresos”, atentando contra “la ética y transparencia pública”, impide “prevenir y detectar el fraude”.


5.12.16

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