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» El Riachuelo y las prioridades de nuestra sociedad



Por Antonio Elio Brailovsky – 13.12.2016

Antonio Brailovsky, especialista en temas medioambientales, opinó para Télam sobre la contaminación de la Cuenca Matanza-Riachuelo, tras la audiencia pública convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para recibir información sobre el plan de saneamiento de la cuenca.

El penoso desempeño de los funcionarios de Acumar en la Audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia, refleja mucho más que la debilidad de la gestión actual y la que la antecedió. Muestra también el bajo grado de prioridad del tema ambiental en la agenda pública de nuestro país.

El periodismo lo refleja: al día siguiente hubo ocho noticias sobre esa Audiencia y varios centenares sobre las posibles reformas al Impuesto a las Ganancias. La diferencia: el impuesto sólo habla de dinero y en la Audiencia se habló de la salud y la vida de miles de personas.

Desde hace décadas, quienes trabajan el tema ambiental vienen insistiendo en que el país está cada vez más retrasado en este tema, con respecto a cualquier otro país del mismo o de menor nivel de desarrollo. Se trata de una situación de desastre crónico, pero no de origen natural, sino de origen humano.

Si relacionamos el nivel de contaminación con la cantidad de afectados, la del Riachuelo es una de las peores situaciones ambientales del mundo. ¿Por qué es necesario repetir lo mismo, año tras año, como si lo dijéramos por primera vez?

En estos años, Acumar logró empezar a ordenar lo que antes había sido un caos administrativo, donde 14 municipios, una Provincia, una Ciudad Autónoma y una Nación tomaban decisiones contradictorias sobre la cuenca.

Pero los avances en los papeles requieren de avances simétricos sobre el ecosistema, que se demoran hasta la exasperación. Por ejemplo, las empresas que antes volcaban clandestinamente sus efluentes al río, ahora lo hacen con permiso oficial. Acumar permite el volcado de la misma cantidad de tóxicos que antes estaba prohibida.

Las ONG´s que integran el Cuerpo Colegiado señalaron la falta de una visión de conjunto. Se hacen acciones pensadas en forma individual. Pero no hay un mapa de riesgo ambiental, ni un mapa de pasivos ambientales, ni una propuesta de ordenamiento territorial.

Hace 15 años, cuando yo era Defensor del Pueblo Adjunto de la Ciudad pedí un estudio epidemiológico. Los funcionarios del sistema de Salud contestaron que era muy caro y que no lo iban a hacer. La Corte lo volvió a pedir en su sentencia del 2008. El Cuerpo Colegiado lo reitera cada vez que puede. Después de varias gestiones políticas y de 5.200 millones de dólares gastados, nadie informó si el estudio epidemiológico se comenzó a hacer ni con qué metodología.

El Riachuelo no es un tema de recursos naturales. Es una cuestión de salud pública. Alli hay gente que enferma por la contaminación, y, sin duda, hay gente que muere por culpa de ella. El mejor indicador de la negligencia oficial es la reiterada negativa de las autoridades de hacerlos.

Del mismo modo que una decisión equivocada en la guerra provoca muertes inútiles, el no detectar a los contaminados a tiempo hará que muchos de ellos enfermen y mueran. Recordemos que el cáncer solo es curable si hay una detección precoz, y que cientos de miles de personas están sujetos a una importante exposición a cancerígenos.

No sólo hay que pensar en las debilidades e incumplimientos de los organismos de gestión. Si en 8 años, la Corte Suprema logró sólo el cumplimiento del 20 por ciento de la sentencia, eso significa que, a este ritmo, tardará 40 años en cumplirse. ¿Alguien cree que la gente puede esperar tanto tiempo en que se resuelvan sus problemas?

Se me ocurre que la Corte está pensando en los tiempos y en los procedimientos de otro tipo de juicios. Desde la Audiencia con Romina Picolotti en 2007, se repite la misma coreografía: los funcionarios dicen lo suyo, la Corte los reta por incumplimiento y (a veces) algún juez los multa. Lo que me parece claro es que la Corte aún no sabe cómo lograr el cumplimiento de su propia sentencia.

Creo que es tiempo de revisar el enfoque: el Riachuelo tiene graves problemas de salud pública, que han sido subestimados por muchos de los actores intervinientes. La sentencia de 2008 señaló que la contaminación provocaba enfermedades y posiblemente muertes. Cualquier abogado (y, en realidad, cualquier persona con un mínimo de criterio) sabe que una conducta deliberada que enferme o mate a las personas puede ser calificada como delito. Sin embargo, en su sentencia la Corte omitió ordenar que se investigara si se habían cometido delitos por acción o por negligencia.

El escritor Sergio Federovisky, que hoy integra el Directorio de ACUMAR, señala que nadie pretende combatir la inseguridad educando a los asaltantes para que no asalten o a los narcos para que dejen de vender cocaína. ¿Por qué se sigue la ficción de que todos los problemas ambientales se resuelven con educación?

Ocho años más tarde, es el momento de preguntarse si no hay que revisar ese criterio y comenzar a pensar en detectar y eventualmente sancionar los delitos cometidos.

(*) Escritor, economista y profesor especializado en historia ambiental argentina.


13.12.16

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